Al considerar que permitir el uso de las armas para defensa personal únicamente contribuye a generar mayor violencia de la que ya existe en el país, el Partido del Trabajo se pronuncia tajantemente en contra de la propuesta del senador panista Jorge Luis Preciado, quien impulsa una iniciativa de ley para que los ciudadanos puedan utilizar armas en legítima defensa.
El PT considera que vivimos en un estado de derecho en el que las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la integridad de la población, por tanto, el planteamiento del legislador “es una visión y solución simplista sobre la inseguridad en nuestro país, toda vez que el trasfondo de dicha problemática responde a múltiples factores que son en realidad los que deben atenderse: generación de empleos con salarios dignos, educación para los jóvenes, salud para las familias, es decir, cubrir la necesidades básicas de la población y dentro de ello, sin duda, se debe atender a fondo el problema de la inseguridad”, manifestó el Coordinador Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.
Precisó que el tema de la inseguridad debe ser combatida con cuerpos policiacos eficientes; con un marco legal que proteja a la víctima y castigue al delincuente; con políticas que erradiquen la impunidad y la corrupción; pero no con una medida emergente como es la de armar a la población, que puede dar pie a la aplicación de la ley del talión. “La violencia jamás se combate con más violencia”, afirmó.
Es claro, que la medida planteada por el legislador lo único que provocaría sería elevar los niveles de incidentes violentos y las tasas de homicidios se dispararían, basta ver las masacres registradas en Estados Unidos, es el ejemplo de lo que ocurre cuando el uso de las armas está permitido.
Finalmente, el PT insiste en señalar el evidente fracaso del gobierno por garantizar el bienestar de la población, por ello es necesario que tanto ciudadanos como partidos exijan el replanteamiento de una estrategia real de combate a la inseguridad, la reestructuración del sistema judicial y el establecimiento de políticas públicas enfocadas al desarrollo integral de los mexicanos. El gobierno está obligado a escuchar las demandas de la ciudadanía y atenderlas, la realidad es irrefutable: 7 de cada 10 se siente inseguro en su ciudad, según una encuesta del Inegi recientemente publicada, situación que deber ser revertida a la brevedad y con los mejores métodos posibles.